El Juzgado de Garantía de La Serena declaró admisible la querella que presentó Andes Iron contra el Seremi de Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Leonardo Gros, y contra todos quienes resulten responsables, por los delitos de prevaricación administrativa y falsificación por ocultación de documento oficial e instrumento público.

En su querella, la empresa detalla que el señor Gros, y eventualmente otros funcionarios, han utilizado la tramitación administrativa de un Área Marina Costera Protegida (AMCPMU) para limitar severa o incluso totalmente el desarrollo de las futuras actividades productivas del proyecto Dominga y de otras iniciativas industriales en esa zona, como puertos, plantas desaladoras, corredores bioceánicos, entre otras, para lo cual han incurrido en conductas delictivas.

La primera conducta delictiva identificada en la querella ocurrió en el proceso de adjudicación y posterior aprobación por parte del señor Gros de un informe técnico justificatorio para la implementación del AMCP-MU, el cual tenía como fin utilizarse como “respaldo técnico” para que el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático resolviera sobre la materia. De manera maliciosa, dicho informe, elaborado por la consultora GEAM, omitió mencionar la concesión marítima vigente que tiene Andes Iron SpA para operar un terminal marítimo y una planta desaladora.

Cabe señalar que la Comisión Regional del Uso del Borde Costero (“CRUBC”) se manifestó favorable a que el Proyecto Dominga fuera titular de una concesión marítima en la bahía de Totoralillo Norte, la que fue otorgada mediante Decreto Supremo No 405 de 18 de julio de 2012, del
Ministerio de Defensa Nacional.

Para la confección del mencionado informe, asimismo, se realizaron talleres de socialización de la propuesta de creación de la AMCP-MU, los que contaron con una bajísima participación de las comunidades y caletas locales (en algunos casos, con apenas siete personas de la comunidad). Se detectó que, con el fin de abultar el número de participantes, algunos de los asistentes figuran hasta con cuatro cargos distintos, dando la apariencia de una participación ciudadana ajena a la realidad.

Las inconsistencias del informe técnico elaborado por GEAM fueron informadas por Andes Iron al Secretario Regional Ministerial de Medioambiente de Coquimbo, haciéndole presentes las gravísimas irregularidades de las omisiones contenidas en el informe técnico,
y en la baja participación ciudadana en la elaboración del proyecto. Sin embargo, como mandante de dicho proyecto, el querellado Gros hizo caso omiso a dichas observaciones, no solicitando la corrección o complementación del informe técnico justificatorio.

Posteriormente, en la reunión convocada para el 7 de julio de este año por el Ministerio de Medio Ambiente al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático para resolver sobre la AMCP-MU, el señor Gros, pese a estar en antecedente de las omisiones
contenidas en el informe, ocultó deliberadamente la existencia de esta concesión marítima al resto de los integrantes del Consejo. En dicha reunión afirmó que el polígono propuesto no se superponía con concesiones vigentes entregadas en la zona, omitiendo toda mención
a la concesión marítima de Andes Iron, e incluso afirmó que en el caso del proyecto Dominga “en este minuto está rechazado, no tiene concesión marina, no existe en el territorio, y por tanto nuestra propuesta no lo considera…”. Cabe señalar que una declaración pública
realizada el 13 de julio pasado, el Ministerio del Medio Ambiente señaló que las afirmaciones del señor Gros “…solo respondieron a una confusión del momento sobre proyectos que se encuentran en el área”.

El abogado Ignacio Ried, patrocinante de la querella, indicó que “estamos frente a una autoridad, que en conjunto con otras personas que esperamos identificar, han realizado un conjunto de acciones delictivas en pos de perjudicar al proyecto Dominga, para lo cual
incluso han estado dispuestos a entregar información falsa a todos los integrantes del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y Cambio Climático con el fin de influir maliciosamente en la deliberación de dicha instancia”.

Los delitos consignados en la querella tienen el carácter de “graves”, y uno de ellos contempla una pena que asciende hasta los diez años de presidio mayor en su grado mínimo.